La abrumadora
presencia policial en los medios de comunicación está mayoritariamente
vinculada con delitos que protagonizan los sectores más pauperizados de la población,
como el ataque a la propiedad privada o el consumo de drogas. Pareciera,
escuchando a las autoridades policiales por medio de sus portavoces periodistas,
que el saqueo de riqueza al que se ha sometido al mundo es obra de quienes
roban carteras en la plaza de la ciudad, quienes estrellan un coche contra un
escaparate (…). Al contrario, a pesar de que la ingeniería financiera de
grandes empresas y empresarios (que es una manera fina de decir trampas para acumular
riqueza) supone un robo de montante mayor y bastante frecuente, los sucesos [de
la prensa] no se llenan de este tipo de delincuencia. Como consecuencia, no se
hinchan las venas de los tertulianos ni de los voceros policiales pidiendo medidas
drásticas, cárcel sin demora, o expulsión del país para el empresario no nacido
aquí. Eso se deja para los pobres. (…).
El ejemplo que más
claro nos puede hacer ver esto es la insistencia a lo largo de los años 2020 y
2021 de la peligrosidad de las bandas de okupas. Los gabinetes de comunicación
policial han volcado sus informaciones sobre este hecho en los medios, que las
han transmitido como si se tratase de una plaga milenarista, como si en cada
calle hubiera una agencia de okupación tomando nota de los horarios del
vecindario para asaltar domicilios en cuanto alguien tarde más de la cuenta en
volver de sacar al perro. Además, se han resaltado sistemáticamente problemas
de convivencia con esos desalmados okupas, que agreden a vecinos, mantienen
comportamientos incívicos y se tirotean entre ellos día sí y día no. (…). Esto
ha acabado poniendo el foco en un problema minoritario (que no significa que a
quien le afecte no le parezca muy grave), que además ha sido convenientemente
manipulado por sectores interesados en el mercado inmobiliario. Al realizar las
estadísticas se mezclan allanamientos (que es la entrada en viviendas
habituales) con usurpaciones (que es el uso de viviendas o edificios sin uso);
viviendas particulares con redes de pisos de propiedad bancaria o de fondos de
inversión; okupaciones sin conflicto alguno (ampliamente mayoritarias) con
otras conflictivas; okupaciones que suponen quedarse en una casa que un banco
quiere desalojar, con otras que no tienen nada que ver… Al final, la idea que
se quiere transmitir es obvia: el problema de la vivienda es la okupación. El problema
no es que haya gente sin vivienda, sino que entidades que las acumulan puedan
ver okupada una de ellas. No es, desde luego, la especulación del suelo, ni los
desalojos a manos de bancos que implican quedarse sin vivienda pero con una deuda
acumulada, ni el desembarco masivo de fondos de inversión que ha convertido
zonas de las ciudades en hostales clandestinos para turistas, aumentado el
precio de los alquileres. Nada de eso. Que existan más de 3 millones de
viviendas vacías y, sin embargo, las posibilidades de pagar un alquiler con un solo
salario sean escasas, no es un problema de justicia. El problema es el miedo
que genera a la clase media la existencia de delitos que le pueden afectar. De
delitos que no protagonicen los ricos, claro. Ese es el concepto de justicia
clasista. Esperamos todavía ver a un portavoz de la Policía Nacional salir a
dar una rueda de prensa diciendo: “Se ha detenido a un peligroso fondo buitre que
realizaba lanzamientos de personas de edad avanzada, usando el procedimiento ilícito
de la usura. En su poder se han encontrado diferentes manuales jurídicos para
evitar sanciones, así como discos duros en los que almacenaban información
sobre sus víctimas y planes para extender su actividad a diferentes ciudades”.
(…)
Tiene razón el que
ya es un lugar común que dice que es más probable que nos afecten depresiones
económicas, pobreza, problemas de salud, de acceso a la educación o de
precariedad laboral y vital que el hecho de que nos okupen la casa. Es más
probable que nos repongamos de un atraco callejero que del paro de larga
duración más allá de los 50 años. Es muchísimo más probable que una empresa
telefónica o un banco nos engañe, que el hecho de que unos menores venidos desde
centenares de kilómetros nos falten al respeto o nos roben el bolso. No quiere
decir que no sea posible que nos suceda lo segundo, sino que poner el foco en
ello, obviando lo primero, es característico de una concepción social que favorece
a quienes ya sabemos. En 2019 se produjeron, según esa estadística mezclada de
la que hablábamos, menos de 15.000 okupaciones. El mismo año sucedieron más de
1.300.000 accidentes laborales, de los cuales 600.000 implicaron la
imposibilidad de ir a trabajar en días sucesivos (la media de días de baja fue
de un mes) y casi 700 acabaron en muerte. De lo primero tenemos cumplida
información. De lo segundo no. Será por algo.
La policía - Un análisis crítico (Colectivo La Plebe)
rave en base militar abandonada en Llucal·lari, Menorca (2002)
La falsa alarma de las okupaciones: https://www.eldiario.es/politica/falsa-alarma-okupaciones-ley-garantiza-desalojo-expres-allanamientos-residencia-habitual-segunda-vivienda_1_6187271.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=08/28/2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-e5d80e9889-60652461&mc_cid=e5d80e9889&mc_eid=18211e1ba3
Se puede echar a un okupa de manera immediata: https://www.eldiario.es/extremadura/sociedad/juez-decano-caceres-da-igual-pasen-48-horas-40-dias-200-echar-okupa-manera-inmediata_1_9611627.html?fbclid=IwAR2F5in7j_ns1vTpWJu4dp-9qFj7b0fCMCYU9fS5383Ly5zqFr0fgk6ZBzc
Hay una alarma infundada entorno a las okupaciones: https://www.eldiario.es/catalunya/diego-alvarez-juez-hay-alarma-infundada-torno-ocupaciones_1_9279450.html
