En momentos de
crisis social, los diferentes grupos de personas que puedan cuestionar el
propio sistema serán reprimidos en función de su alcance o de las posibilidades
que tengan de provocar rupturas. Así, podemos ver cómo durante el periodo
denominado la Transición, los movimientos callejeros de ultraderecha,
que a pesar de su implantación y actividades a menudo letales, no suponían un
grave riesgo para el proceso e incluso eran un recurso para disuadir a otras
personas de participar en actos políticos, fueron reprimidos con menos
intensidad que las manifestaciones obreras o de las fuerzas que abogaban por la
ruptura, usando para ello actuaciones violentas sin reparos. (…)
Lo mismo sucede
cuando se señala a determinados colectivos implicados en protestas sociales,
sobre los cuales puede recaer la violencia tras esa campaña de señalamiento y,
en otro momento, concreto, ser tratados con otras medidas.
Una vez que existe
un grupo social o unas prácticas concretas ante las que se justifica el uso de
la violencia, se pone en marcha la maquinaria que se mueve en la fina frontera
que hay entre la delincuencia estatal y la aplicación de la ley. Pongamos ejemplos
(…)
Es algo bastante
evidente que en los últimos 35 años se ha vivido una derechización social sin
precedentes, al abrigo del triunfo de las tesis neoliberales y de su hegemonía
en el panorama informativo. Fruto de esto, prácticas sociales que hace una
generación estaban normalizadas e incluso gozaban de consideración son
señaladas como delincuencia y agresiones a una libertad que solo funciona en
una dirección. Así, cada huelga general (…), el hecho de la formación de
piquetes ha pasado de entenderse dentro de la lógica de enfrentamiento con el
esquirolaje y la patronal a ser vendido como un atentado inadmisible a la libertad
de decidir trabajar en un día de huelga.
Este señalamiento
básico obedece, lógicamente, al interés de la patronal, pero proporciona a la
policía la ventaja de presionar para que los días de huelga se transformen en
momentos en los que la intensidad de la lucha social sea cada vez menor, por
amedrentamiento o incluso por convicción de parte de los trabajadores. En todo
caso, la propaganda se complementa con la vinculación de las actividades de los
piquetes a la violencia (en algún exceso verbal, al terrorismo). Y la violencia
es el límite ético del siglo XXI, el anatema, lo inadmisible.
Así, las últimas huelgas
han tenido como resultado un hostigamiento de alta intensidad por parte de las
fuerzas policiales. Incluso teniendo en cuenta que, en comparación con las
huelgas de los años 80 del siglo XX, por ejemplo, han sido menos conflictivas.
Fruto de esta represión, en las tres huelgas de 2010 y 2012, CC.OO. cifra en
300 los miembros de su organización y de UGT con causas abiertas. Ya no se
trata de proteger los grandes almacenes para que los esquiroles puedan entrar
en el simbólico espacio dominado por la patronal. Ahora se ataca al movimiento
sindical en cuanto se sale de las mesas de negociación y los desayunos con los
empresarios.
Algunos casos
muestran lo que queremos exponer: una vez los piquetes han sido denostados e identificados
con el gran enemigo, expresión de la violencia contra la libertad, la policía desata
su estrategia represiva con la aprobación de buena parte de la población.
Algunas de esas acciones represivas derivan en la acusación de graves delitos,
como los casos de los tres de Vendrell, con peticiones de hasta 6 años de prisión,
o los ocho de Airbus, encausados tras sufrir cargas policiales que incluyeron
disparos y a los que se pidió penas de hasta 8 años y medio.
(…) las acciones represivas
tienen un carácter que va más allá de la protección de los esquiroles el día de
la huelga, convirtiéndose en una advertencia contra la militancia, bastante disminuida
ya, en ámbitos laborales. Que esto no haya generado apenas reacción fuera de
los entornos militantes muestran hasta qué punto la legitimidad policial ha calado
hondo.
La misma estrategia
puede seguirse con personas que pertenezcan a cualquier grupo que sea señalado previamente.
Convendría quizá
hacer una distinción entre aquellas prácticas que dañan a una comunidad de
manera efectiva y aquellas otras que, siendo delito, ser perciben como riesgo a
partir de la propaganda estatal y policial.
La policía - Un análisis crítico (Colectivo La Plebe)
somewhere in Barcelona (1999)
