En momentos de crisis social, los diferentes grupos de personas que puedan cuestionar el propio sistema serán reprimidos en función de su alcance o de las posibilidades que tengan de provocar rupturas. Así, podemos ver cómo durante el periodo denominado la Transición, los movimientos callejeros de ultraderecha, que a pesar de su implantación y actividades a menudo letales, no suponían un grave riesgo para el proceso e incluso eran un recurso para disuadir a otras personas de participar en actos políticos, fueron reprimidos con menos intensidad que las manifestaciones obreras o de las fuerzas que abogaban por la ruptura, usando para ello actuaciones violentas sin reparos. (…)
Lo mismo sucede cuando se señala a determinados colectivos implicados en protestas sociales, sobre los cuales puede recaer la violencia tras esa campaña de señalamiento y, en otro momento, concreto, ser tratados con otras medidas.
Una vez que existe un grupo social o unas prácticas concretas ante las que se justifica el uso de la violencia, se pone en marcha la maquinaria que se mueve en la fina frontera que hay entre la delincuencia estatal y la aplicación de la ley. Pongamos ejemplos (…)
Es algo bastante evidente que en los últimos 35 años se ha vivido una derechización social sin precedentes, al abrigo del triunfo de las tesis neoliberales y de su hegemonía en el panorama informativo. Fruto de esto, prácticas sociales que hace una generación estaban normalizadas e incluso gozaban de consideración son señaladas como delincuencia y agresiones a una libertad que solo funciona en una dirección. Así, cada huelga general (…), el hecho de la formación de piquetes ha pasado de entenderse dentro de la lógica de enfrentamiento con el esquirolaje y la patronal a ser vendido como un atentado inadmisible a la libertad de decidir trabajar en un día de huelga.
Este señalamiento básico obedece, lógicamente, al interés de la patronal, pero proporciona a la policía la ventaja de presionar para que los días de huelga se transformen en momentos en los que la intensidad de la lucha social sea cada vez menor, por amedrentamiento o incluso por convicción de parte de los trabajadores. En todo caso, la propaganda se complementa con la vinculación de las actividades de los piquetes a la violencia (en algún exceso verbal, al terrorismo). Y la violencia es el límite ético del siglo XXI, el anatema, lo inadmisible.
Así, las últimas huelgas han tenido como resultado un hostigamiento de alta intensidad por parte de las fuerzas policiales. Incluso teniendo en cuenta que, en comparación con las huelgas de los años 80 del siglo XX, por ejemplo, han sido menos conflictivas. Fruto de esta represión, en las tres huelgas de 2010 y 2012, CC.OO. cifra en 300 los miembros de su organización y de UGT con causas abiertas. Ya no se trata de proteger los grandes almacenes para que los esquiroles puedan entrar en el simbólico espacio dominado por la patronal. Ahora se ataca al movimiento sindical en cuanto se sale de las mesas de negociación y los desayunos con los empresarios.
Algunos casos muestran lo que queremos exponer: una vez los piquetes han sido denostados e identificados con el gran enemigo, expresión de la violencia contra la libertad, la policía desata su estrategia represiva con la aprobación de buena parte de la población. Algunas de esas acciones represivas derivan en la acusación de graves delitos, como los casos de los tres de Vendrell, con peticiones de hasta 6 años de prisión, o los ocho de Airbus, encausados tras sufrir cargas policiales que incluyeron disparos y a los que se pidió penas de hasta 8 años y medio.
(…) las acciones represivas tienen un carácter que va más allá de la protección de los esquiroles el día de la huelga, convirtiéndose en una advertencia contra la militancia, bastante disminuida ya, en ámbitos laborales. Que esto no haya generado apenas reacción fuera de los entornos militantes muestran hasta qué punto la legitimidad policial ha calado hondo.
La misma estrategia puede seguirse con personas que pertenezcan a cualquier grupo que sea señalado previamente.
Convendría quizá hacer una distinción entre aquellas prácticas que dañan a una comunidad de manera efectiva y aquellas otras que, siendo delito, ser perciben como riesgo a partir de la propaganda estatal y policial.
La policía - Un análisis crítico (Colectivo La Plebe)
